El Estado como herramienta para promover la justicia social

El centro de la escena del debate internacional en la actualidad consiste en establecer una matriz alternativa al pensamiento hegemónico del neoliberalismo, en el marco de la redefinición de los límites del Estado nacional para la fijación de las políticas públicas en relación con la producción de bienes públicos.

Las corporaciones pretenden administrar el Estado por un período ilimitado para satisfacer sus propios intereses y esta diferencia sustantiva es la que expresa el uso alternativo de políticas e instrumentos para promover la mayor o menor equidad.

En efecto, la contradicción de democracia versus corporaciones define una línea divisoria a partir de la cual se expresa la voluntad popular para elegir un gobierno por un período determinado, para administrar el Estado con el objetivo de satisfacer las demandas de las mayorías populares y del bien común.

Las corporaciones pretenden administrar el Estado por un período ilimitado para satisfacer sus propios intereses y esta diferencia sustantiva es la que expresa el uso alternativo de políticas e instrumentos para promover la mayor o menor equidad.

La fijación de derechos de exportación o retenciones constituye un instrumento de política económica que persigue al mismo tiempo dos objetivos: a) fijar el precio de referencia doméstico de un bien determinado, y b) maximizar la capacidad de recaudación de ingresos fiscales mediante la apropiación de la renta excedente de un sector o actividad económica determinada. Por ejemplo: la aplicación de retenciones para el petróleo, para la soja, para el maíz, para el girasol, para el trigo. En cualquiera de estos casos el precio doméstico del bien es diferente del precio internacional. Por lo tanto, permite estimular procesos de industrialización con valor agregado para la generación de empleo productivo en la cadena de valor y mejora la distribución del ingreso a nivel espacial y funcional.

Un ejemplo específico es la retención del maíz en 23%. Esto implica que el costo para quien adquiere el maíz como insumo para bioetanol, para burlanda seca/húmeda, destinado a la alimentación de animales, para la producción de leche o carne mediante engorde a corral, o la producción de alimentos balanceados para la producción avícola o la producción de cerdos, resulta inferior e induce al procesamiento de la producción local en cadena de valor con impacto positivo para el desarrollo industrial estimulando la participación del PIB industrial dentro del PIB total de la economía.

No cabe la menor duda de que la apropiación de excedentes de renta de un sector a otro promueve mayor equidad, tanto por el mayor número de empleos generados, como así también por el salario de convenio a percibir que produce un mayor poder adquisitivo y estimula, a la vez, la demanda agregada por la vía del mayor consumo de los trabajadores, el mayor gasto público por el financiamiento de impuestos. Todo esto se traduce también en ampliación derechos. Dicho de otro modo, la existencia de una política redistributiva tiende hacia la mayor equidad social, hacia el aumento de la inversión pública y privada y el aumento de las exportaciones generando un incremento de influjo de divisas percibidas por el país.

El proceso inverso, desestimula el círculo virtuoso y procura incentivos a una mayor primarización de la economía con impacto inferior en empleos de buena calidad y estímulos en los componentes de la demanda agregada.

El sistema tributario promueve a través de impuestos progresivos y/o regresivos, el financiamiento del Estado para la ejecución de las políticas públicas. Obviamente, la recaudación fiscal se divide entre recursos tributarios y no tributarios y depende de los niveles jurisdiccionales en una organización federal de gobierno (nación, provincia, municipio) para la clasificación de su origen.

Los ingresos fiscales tienen orígenes diversos, asociados a la venta de activos, a rentas de la propiedad, a renta financiera derivada de imposiciones específicas, a la percepción de multas u otras acciones punitivas determinadas por el marco jurídico de referencia.

Los impuestos de carácter progresivo son aquellos que gravan capacidad contributiva y manifestación de riqueza mediante criterios de proporcionalidad y progresividad. El impuesto a las ganancias constituye un ejemplo paradigmático de referencia. Su base imponible está asociada a los ingresos de explotación en cuatro categorías de rentas con sus respectivas deducciones especiales y generales, y la fijación del mínimo no imponible a partir del cual un ingreso no puede ser alcanzado por la imposición.

El impuesto a las ganancias es un impuesto directo; por tanto, pertenece a las provincias que por un período de tiempo transfiere la potestad tributaria a la Nación, a efectos de percibir su consiguiente coparticipación del total de la masa a distribuir.

La base imponible del impuesto debe ser amplia, eliminar las exenciones (ejemplo: gravar impuesto a las ganancias a inversiones de renta variable –acciones– a través de su compraventa) y promover la progresividad de la aplicación de las alícuotas posibilita mayor equidad de las políticas públicas pues pagan más impuestos quienes más riqueza poseen.

En el sistema tributario argentino, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso económico, la ganancia mínima presunta, constituyen impuestos de carácter progresivo cuya administración por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), debe evitar la elusión y la evasión a través de controles cruzados, pues de lo contrario crea las condiciones para la inequidad distributiva.

Los impuestos progresivos en períodos inflacionarios que no tengan eficientes controles y bases imponibles amplias que limiten exenciones, pueden convertirse en herramientas de inequidad que perjudiquen la asignación eficiente de recursos por parte del Estado.

El sistema de seguridad social en la República Argentina, a partir de la estatización de las AFJPs ha permitido recuperar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), eliminando las comisiones al sistema financiero que transferían sus utilidades al exterior, y han sido herramientas eficientes para orientar el crédito hipotecario mediante el plan Procrear.

En esta inteligencia, es preciso observar que el financiamiento del sistema de seguridad social, está conformado en un 60% por aportes y contribuciones, que a su vez depende de la cantidad de empleos generados y de la tasa de salario que, al mismo tiempo, depende de convenciones colectivas de trabajo. El 40% restante consiste en impuestos (IVA, ganancias, bienes personales, etc.), dependientes de la actividad económica como variable fundamental para la recaudación, a efectos de lograr la ejecución de derechos sociales que propicien la equidad distributiva.

Más trabajo, más trabajadores, mejores salarios, más inclusión, permite mayor equidad de políticas públicas.

Un claro ejemplo de esto es el plan Procrear para préstamos de viviendas, destinados a la clase media, mediante el aumento del número de trabajadores de la industria de la construcción que implicaba un círculo virtuoso por mayores aportes y contribuciones y mayores impuestos que contribuían a engrosar el FGS por doble vía, es decir, por recupero del préstamo con tasas de interés conveniente y de alto cumplimiento y por la vía de recursos al sistema por expansión del empleo y de aportes y contribuciones.

Políticas públicas como las descriptas precedentemente, constituyen sin lugar a dudas, premisas insoslayables de crecimiento con equidad.

Hoy tenemos 15 millones de personas con ejercicio pleno de derechos sociales, lo que representa redistribución inter-temporal del ingreso
y de distribución más equitativa en materia
espacial y funcional.

La política fiscal incluye ingresos y erogaciones. Los ingresos a través de recursos tributarios y no tributarios y las erogaciones de carácter corriente y de capital, deben orientarse a estimular la percepción del ingreso disponible en las familias y para generar mejor infraestructura que promueva más competitividad en el desarrollo de la estructura económica del país.

El sistema económico debe combinar instrumentos de política con el objetivo de garantizar una estrategia de desarrollo económico con equidad distributiva, para lo cual las políticas sociales de carácter inclusivo, equitativo y de calidad deberán combinar modelos universales y focalizados para lograr mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo.

Las políticas sociales de carácter universal están asociadas al sistema de seguridad social. Hoy tenemos 15 millones de personas con ejercicio pleno de derechos sociales, lo que representa redistribución inter-temporal del ingreso y de distribución más equitativa en materia espacial y funcional. La AUH (Asignación Universal por Hijo), la AUE (la Asignación Universal por Embarazo), la jubilación anticipada, el plan Progresar, el plan FinEs para la culminación de estudios primarios y secundarios, la extensión de Pensiones No Contributivas, constituyen políticas de alcance extendido y universal con impacto directo en el ingreso disponible y en la demanda agregada.

También las estrategias de universalización educativa, del acceso al sistema de salud, de criterios de acceso a la Justicia y a sistemas preventivos de seguridad pública, en el marco del desarrollo y ejecución de políticas activas para el ejercicio pleno de derechos sociales. La extensión del derecho a la identidad en virtud del otorgamiento de DNI, configuran condiciones de posibilidad básicas e insoslayables desde el punto de vista de las responsabilidades del Estado nacional para la ampliación sustantiva de derechos sociales, civiles y políticos.

Las políticas sociales de carácter focalizado deben orientarse a estimular procesos de transformación productiva, en diferentes etapas, con el objeto de garantizar mediante la inclusión social, la promoción humana a través del trabajo digno y el desarrollo sustentable.

El fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a potenciar el asociativismo, la integración comunitaria, el desarrollo productivo, la transformación de los movimientos sociales como emergentes de procesos innovadores de organización social, de base productiva, destinada a recomponer eslabones perdidos de un proyecto colectivo forman parte de los desafíos de las políticas sociales.

El trabajo constituye la esencia de la organización social y de la distribución de la riqueza. El estímulo a empleos de buena calidad trae consigo en forma paralela la distribución del ingreso más equitativo e igualdad de oportunidades.

La historia argentina demuestra tensiones permanentes entre inclusión social y distribución del ingreso. La inclusión social despierta menores resistencias que la pugna distributiva, pero ésta resulta insostenible sin la plenitud de ejercicios de derechos que deben plasmarse en leyes del Congreso y en reformas de carácter constitucional.

La última etapa desde 2003 hasta 2015 indica claramente un mejoramiento en forma simultánea de los siguientes indicadores sociales:

• Generación de 6,4 millones de empleos y reducción del desempleo de 24% a 5,9 %.
• 2000 Convenciones Colectivas de Trabajo en forma regular y sistemática que permitieron la recuperación del poder adquisitivo del salario.
• Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil más alto de América latina.
• Sistema previsional extendido y universal pasando de 60% de cobertura a 97% de cobertura.
• Duplicación de clase media con el acceso de 9,5 millones de argentinos y argentinas a mejores estándares y calidad de vida (Informe BIRF).
• Mejoramiento sistemático del coeficiente de GINI, lo cual implica una mejora en la equidad distributiva.
• Reducción abrupta de la indigencia como consecuencia del mejoramiento de la seguridad alimentaria, determinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La indigencia disminuyó del 27% al 4%.
• Reducción de la pobreza del 54% al 21%.
• Reducción de los indicadores de NBI por inversión en infraestructura de agua potable, viviendas, cloacas y otras obras complementarias.

Por lo tanto, las políticas sociales en sí mismas pueden ser factores de desarrollo con equidad para garantizar equidad distributiva e igualdad de oportunidades en un contexto de transformación de la realidad.

Pero esta transformación será insuficiente sin el rol adecuado del Estado para corregir el abuso de posición dominante de grupos monopólicos, sin corregir la concentración económica y sin corregir las asimetrías en las relaciones de producción y de consumo, pues la política social en sí misma no puede corregir la acumulación de capital exacerbada que pone límites a la distribución más equitativa.

Y si bien esta responsabilidad es del Estado nacional, no debe omitirse que los grandes desafíos de la época consisten en diseñar estrategias supranacionales que permitan la corrección de esta tendencia, que hoy aparece como irreversible dentro del ciclo de acumulación capitalista, y puede convertirse en su propio camino hacia la autodestrucción. •

* Jorge Capitanich, Contador y político. Actualmente Intendente de la ciudad de Resistencia, Chaco.