Corrupción, política y poder

La reciente escena que protagonizó el ex secretario de obras públicas de La Nación José López, desató un debate sobre la corrupción. Más allá de lo que se puede suponer, consideramos que el concepto de corrupción no es una categoría simple de definir, por el hecho de que forma parte de una disputa política de sentido.

Tradicionalmente las elites y sus aparatos de comunicación, destacaron que la corrupción es una actitud propia de la dirigencia partidaria. Dicha suposición, tiende a subestimar la gravedad de actos ilícitos que son efectuados por grupos empresarios contra el patrimonio público y que disponen de complicidad de sectores del Poder Judicial. El presente texto destaca que:

1. La noción de corrupción es una construcción política y sus alcances forman parte de una lucha por el poder económico y social.
2. La corrupción es un recurso fundamental para la acumulación económica del capitalismo neoliberal.
3. La corrupción económica existe en base a la complicidad y/o participación judicial y mediática.

La corrupción partidaria es trasversal a las fuerzas políticas

La participación de funcionarios en actos de corrupción contra el Estado, es tan vieja como la actividad política. Lo mismo se puede decir sobre la utilización de la categoría corrupción, que históricamente se esgrimió para justificar la asunción de diversos y contradictorios tipos de gobierno, incluyendo aquellos derivados de golpes de Estado.

Uno de los primeros corruptos de la vida nacional independiente fue Bernardino Rivadavia, quien se desempeñó como representante de empresas que negociaban con el gobierno que él mismo presidía. Tal cual documentó José María Rosa, Rivadavia –adelantándose en más de un siglo al macrista Juan José Aranguren– recibía una “comisión” por parte de empresas mineras inglesas, a las cuales intentó otorgarles licencias de explotación de los recursos naturales de la provincia de la Rioja. Manuel Dorrego llamó a este sistema donde el poder económico controla las decisiones políticas, como la “aristocracia del dinero”. Para debilitar la capacidad de lobby de los ingleses, Juan Manuel de Rosas directamente cerró el Banco Nacional refundado por Rivadavia. Varias décadas después, Hipólito Yrigoyen hacía campaña electoral por el voto secreto al cual consideraba como un mecanismo tendiente a evitar el corruptor ejercicio de la “compra” de voluntades. Paradójicamente, los titulares del golpe de Estado que lo derrocaron justificaron su salida del gobierno acusando la UCR de protagonizar negociados, coimas o la entrega fraudulenta de cargos públicos. Al proyecto iniciado en el año 1930 José Luis torre lo caracterizó directamente de “infame”, por considerar que funcionaba como un mecanismo político tendiente a “vender a la patria”. Otro caso que adquirió notoriedad fue el denunciado por Lisandro de La Torre. En el año 1935 siendo senador, el titular del Partido Demócrata Progresista se opuso férreamente al accionar del gobierno de Agustín Justo, al cual acusó de beneficiar ilícitamente a los frigoríficos ingleses. En parte, la justificación de la revolución del año 1943 tuvo que ver con un intento de superar un sistema de fraudes políticos, económicos y de injusticias sociales. Juan Perón al momento de lanzar el Estatuto del Peón Rural, aseveró que la oligarquía controlaba el Estado y se repartía las “ganancias con los caciques” y actuaba con “merodeadores de grandes empresas” y con los “escribas sin escrúpulos al servicio de los poderosos”. A la caída de Perón los militares ordenaron realizar un informe sobre la gestión del gobierno depuesto. La investigación fue publicada en el año 1958 bajo el titulo “El libro Negro de la Segunda Tiranía” y acusó al peronismo de ser “corruptor y demagógico”, cuestión por lo cual la asonada castrense estaba justificada en la necesaria “reconstrucción moral”. Arturo Illia anuló los contratos petroleros del también radical Arturo Frondizi, al considerarlos carentes de legitimidad y “dañosos” a los intereses de la Nación. Juan Carlos Onganía al asumir el mandato de facto en el año 1966, mencionó que iba a cumplir un imperativo patriótico y desinteresado tendiente a terminar con la “falsedad y el engaño”. El periodista Rogelio García Lupo documentó con detalle la trama de negociados efectuados por la conjunción de representantes civiles, jefes de armas y las corporaciones trasnacionales desde 1966. Lupo resaltó que durante los años sesenta las corporaciones y la corruptela política y militar organizaban un “gobierno invisible” que beneficiaba a las dominaciones extranjeras. En el año 1976 Jorge Rafael Videla aseguró que asumía el mando del país para terminar con el “desgobierno, la corrupción y la complacencia” del gobierno democrático de Isabel Perón. Durante la gestión militar ingresaron al Banco Central y a la cartera económica, representantes directos de la oligarquía, de la finanza internacional y de los grupos concentrados. Resultado de su accionar, se consolidó una inmensa transferencia de recursos del conjunto de la sociedad a un grupo reducido de factores de poder, entre los cuales estuvo el grupo Macri que según el historiador Norberto Galasso, aumentó su patrimonio de 7 a 47 empresas. A la vuelta de la democracia Carlos Melconian siendo Jefe del Departamento de Deuda Externa, contribuyó a la licuación de la deuda de miles de millones de dólares de los grupos económicos, entre los cuales estaba los del presidente Macri. Durante el menemismo sectores del Partido Justicialista estuvieron involucrados en ventas ilegales de armas a Ecuador, en el trágico contexto de la guerra contra Perú. El gobierno de Fernando de La Rua involucró a la UCR en un caso de coimas, cuya finalidad era aprobar la flexibilización laboral contra los derechos trabajadores. Como resultado del escándalo de la “Banelco” renunció el vicepresidente Carlos Álvarez. La participación de Federico Sturzenegger en el Megacanje de deuda del año 2001, hoy es investigada judicialmente. Resultado de esa onerosa negociación, el gobierno nacional pagó comisiones cercanas a los 150 millones de dólares y negoció préstamos con la altísima tasa de interés de hasta 15 %. Ricardo Jaime o José López, son dos figuras que comprometen en casos de corrupción a miembros del partido Frente Para la Victoria. Fernando Niembro debió renunciar en plena campaña electoral, por no poder justificar la causa por la cual recibió más de 20 millones de pesos de parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Existieron casos de corrupción en las filas de los liberales, los conservadores, radicales, menemistas, kirchneristas o macristas, sean civiles o militares, sin excepciones. El acto ilícito o de corrupción suele derivarse en lo siguiente:

1. Acumulación personal de la riqueza a favor de los dirigentes.
2. Acumulación de riqueza al espacio político. José Luis Manzano, aunque luego lo negó, habría bautizado este mecanismo como un “robo para la corona”.
3. Compra de votos legislativos o de dirigentes con la finalidad de orientar sus decisiones.
4. Compra de voluntades políticas por parte del poder económico o de otras elites.

Los casos ubicados en los puntos A y B son el centro de la denuncia mediática y ocupan un espacio fundamental en la opinión pública. Los golpes militares de 1930, de 1955 o de 1976 denunciaron, principalmente, este tipo de accionar. La finalidad del universo C, indudablemente, parece ser un mecanismo frecuente para la construcción de consensos legislativos y partidarios en un ámbito donde se compran y se venden votos y voluntades. El punto D y pese a ser el más oneroso de los cuatro ya que implica la pérdida del patrimonio económico y de la soberanía de un país, suele ser poco investigado por la justicia, escasamente conocido por la opinión pública y ocultado por la prensa. Yrigoyen, Lisandro de La Torre, Perón, Illia o García Lupo, consideraron a esta corrupción como el mecanismo y la garantía para la acumulación del poder económico de las elites antinacionales y antipopulares.

Las diversas acusaciones que recibieron Mauricio Macri y su grupo empresario se ubican en los universos A y D. El presidente reconoció disponer de 18 millones de pesos no declarados en las Islas Bahamas y no pudo negar que tiene cuentas en diversos paraísos fiscales como Panamá.

La Oficina Anticorrupción no parece muy preocupada por estas difusas y contradictorias declaraciones gananciales de Macri o de otros funcionarios nacionales como es el caso de Juan José Aranguren que es accionista de Shell y contratista de la misma empresa desde el Estado (corrupción tipo D). El gobierno de los CEOS que hoy controla la Argentina, institucionalizaría un sistema de corrupción tipo D. Es de esperar que el Estado reiteraría el mecanismo de transferencia masiva de fondos desde la mayoría social, hacia la minoría empresaria, repitiendo lo ocurrido en todas las oportunidades en las cuales las Corporaciones extranjeras controlaron el gobierno con Onganía (Krieger Vassena), con Videla (Alfredo Martínez de Hoz), con Menem (Roig de Bunge Born o Domingo Cavallo) o con De La Rúa (López Murphy y Cavallo).

La doble vara para evaluar los actos de corrupción

La noción de lo corrupto se construye a partir de una articulación entre los poderes económicos, mediáticos, políticos y judiciales. Lamentablemente, el Poder Judicial no parece ser un parámetro imparcial y objetivo para definir los alcances y los responsables de la corrupción. Por un lado, por el hecho que algunos jueces no están siendo ecuánimes y suelen actuar en defensa de los partidos en el poder, de las corporaciones económicas o bajo la influencia de los diversos poderes facticos. Asimismo y tema más profundo, la legislación argentina es una representación del poder existente y tiende a institucionalizar y a legalizar diversos mecanismos de desigualdad y de transferencia de la riqueza colectiva hacia la privada.

Dado el marcado partidismo de un sector judicial, parecería que algunos de sus miembros están más preocupados por “imputar mediáticamente” a una persona, que por hacerlo “judicialmente”. Dada la mediatización de los casos, se invierte la lógica procesal y todos los funcionarios son considerados culpables y son penados por la opinión pública mucho antes del juicio previo que fija la ley. Como resultado de estas operaciones, pueden declararte inocente judicialmente, lo que difícilmente va a ocurrir es que te absuelvan éticamente frente a la sociedad. Si vas a la cárcel o no importa poco y en realidad interesa que estés de por vida “preso políticamente”.

Cuando la corrupción involucra al poder económico y a sus representantes, el tratamiento es más distante y menos frecuente. Por ejemplo, la investigación de la evasión de las más de 4000 cuentas bancarias en el HSBC de Suiza o la existencia de miembros del gabinete nacional involucrados a estafas contra el Estado como fue el Megacanje de 2001, no se presentan a la opinión pública como un caso flagrante de corrupción. Los actos de evasión y de fuga de capitales son ocultados o matizados al atribuirlos a omisiones desinteresadas de algún empresario, que en realidad haría ese delito por “estar agobiado” como resultado de la presión fiscal del desmedido Estado recaudador. Si un empresario roba al Estado en un paraíso fiscal, lo presentan como parte de un problema de “confianza” que es causado por el gobierno. Se invierte la prueba y el victimario se transforma en víctima. Por el contrario, cuando un dirigente partidario estafa al Estado reteniendo dinero que no le corresponde, lo acusan de ladrón y de hasta de traidor a la patria.

A diferencia de lo que se explica a la opinión pública, la evasión fiscal de las corporaciones y el accionar mafioso que conlleva la fuga de riqueza nacional empresaria, tiene una capacidad de daño social muchas veces superior a aquella generada por los dirigentes que juntan billetes en sus casas y/o autos. En ambos casos, sean funcionarios públicos, empresarios o representantes de multinacionales en el gobierno, se está estafando al Estado y al conjunto de la sociedad.

Debe quedar claro, que estamos muy lejos de absolver de la responsabilidad que les cabe a funcionarios públicos o a dirigentes partidarios, que en caso de demostrarse la apropiación ilícita de recursos, deben recibir el peso de la pena judicial y de la reprobación de la opinión pública. Esta circunstancia que es repudiable, no debe evitar la posibilidad de conocer, de develar y de castigar la corrupción estructural protagonizada por los grandes factores del poder económico.

La corrupción neoliberal

El sistema de acumulación de capital en el neoliberalismo mundial, se desenvuelve organizando un sistema institucionalmente injusto, antisocial y depredatorio del ecosistema y de los recursos naturales. Además y cuestión cada día más evidente, el capital trasnacional actúa violando la ley y estafando a los Estados y a los pueblos.

En Sudamérica los sistemas impositivos son regresivos y benefician principalmente al capital trasnacional y a las oligarquías. Pese a ello, existe un sistema organizado de evasión fiscal, de fuga de capitales y de estafa permanente contra el Estado.

Entre las causas de la crisis económica mundial del año 2008, está que las calificadoras de riesgo de inversión omitieron y/o mintieron sobre la realidad financiera y bursátil. Estos entes que son manejados por un pequeño círculo de factores de interés norteamericano y europeo, falsearon la situación económica del sistema, permitiendo la ganancia fabulosa de reducidos grupos de especuladores. Además de un extraordinario negocio, la corrupción de las calificadoras favoreció la destrucción económica y financiera internacional. Paradójicamente, actualmente esas mismas instituciones extorsionan a los países en desarrollo bajando o subiendo el costo del crédito y la “credibilidad de los gobiernos”. Su objetivo real es enriquecer a unos pocos grupos y Estados y ser los garantes del ordenamiento geopolítico internacional.

La divulgación de cuentas no declaradas en el HSBC o de los Panamá Papers, hicieron pública la existencia de paraísos fiscales a partir de los cuales los grandes financistas internacionales, los grupos económicos de varios países y las corporaciones trasnacionales, evaden el pago de impuestos y esconden riquezas no declaradas o de origen incierto. Este sistema mundial de corrupción económica y financiera estructural, tiene distintas terminales en Suiza, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur, las Islán Caimán o el Reino Unido.

El daño económico, social y político de los actos de corrupción estructural efectuados por las calificadoras de riesgo o por la evasión de los paraísos fiscales es inmenso y contribuye a que el sistema productivo mundial profundice la crisis.

Teatralización de la corrupción

“Pareciera que las denuncias de corrupción importan más como actos de propaganda, que como acciones de justicia”.

Actualmente, pareciera que las denuncias de corrupción importan más como actos de propaganda, que como acciones de justicia. Varios jueces o fiscales actúan de manera tendenciosa y más allá de la veracidad de la prueba y de la resolución final de la acusación, lo importante es instalar el manto de duda acerca de la integridad del funcionario. La sospecha de corrupción, sea real o infundada, es un instrumento de persuasión política tendiente a disciplinar los comportamientos de los dirigentes y a moldear la opinión pública. El modus operandi de varias de las operaciones judicial – mediáticas parece ser el siguiente:

1. El guión de la teatralización lo redactan los servicios de inteligencia del Estado por requerimiento de grupos económicos o de otros factores de poder.
2. Un fiscal y/o juez son los actores fundamentales de la película, que se construye previamente con los medios de comunicación.

Los medios oligopólicos en sintonía con los servicios de inteligencia y el Poder Judicial, preparan el momento de la presentación pública del caso garantizando cobertura mediática e impacto comunicacional. A contramano del típico secretismo y oscurantismo judicial, algunos casos de investigación de hechos supuestamente de corrupción de funcionarios públicos, se presentan en tiempo real con las cámaras de televisión. Los periodistas de los grupos concentrados parecen empleados del Poder Judicial y conocen los horarios, el día y el lugar de “algunos” allanamientos de los domicilios de los imputados.

El manejo de la imagen y del contexto del supuesto crimen, es fundamental y tiene que interpelar emocionalmente a la opinión pública. Perros que huelen plata, vecinos que comentan insustancialidades o testigos dudosos que historian la trayectoria supuestamente indecente de los acusados, forman parte de la operación. Sobre la noticia judicial, se monta una maquina de difusión desde los programas de espectáculo y de entretenimiento, que garantizan que el público no especializado en temas técnicos se convenza de la culpabilidad y maldad de los acusados. La veracidad o no de la denuncia importa poco y lo fundamental es la capacidad de daño mediático que cae sobre los acusados. •

Aritz Recalde: Sociólogo, escritor y docente universitario (UNLA-UNAJ).